219 Los domingos
cavilar
Cobijan al delincuente
Fernando
Merodio
15/05/2022
“Odia el delito y compadece al delincuente”
(Concepción Arenal).
“Cuando las leyes son claras y precisas, la
función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”. “La finalidad del castigo es asegurarse de
que el culpable no reincidirá en el delito”. “Los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad”.
(Cesare Beccaria)
En 1764 feroz y
feraz, Cesare Bonesana, italiano marqués de Beccaría, 1738-1794, filósofo,
jurista y economista, abuelo de Alessandro Manzoni, autor de la cumbre Los novios, I promessi sposi, publicaba el breve ensayo jurídico Dei delitti y delle pene, que tuvo gran
apoyo de los enciclopedistas franceses, siendo fundamental en el giro ilustrado
del derecho penal europeo, adherido al “contractualismo”,
al entender que la sociedad está atada a un acuerdo para salvaguardar derechos individuales
y orden, regulando el delito como violación del contrato que obliga al gobierno
a defender al individuo -a partir de la revolución francesa, al ciudadano- con
justas, preventivas -y severas- penas de cárcel, que Beccaría veía más
disuasorias que la -negada por él, salvo que el delincuente tuviera tanto poder
que obligara a aplicarla- pena de muerte, anticipándose a Feuerbach en la
radical exigencia del “principio de
legalidad”, “Nulla poena sine lege”,
“No hay pena sin ley” y promoviendo
la abolición de, odiosas, la tortura y el castigo público, así como limitando
al mínimo posible el “arbitrio judicial”.
Al medio siglo de
publicarse De los delitos y las penas,
en 1820 nacía en Ferrol Concepción Arenal, de familia ilustrada con títulos de
nobleza que, desde joven, quiso ser abogada y, para evidenciar que antes de las
“nuevas políticas” ya había
feministas, queriendo ser oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Madrid, se tuvo que disfrazar de hombre y, tras ser descubierta y sometida a un
examen, lo superó con creces, permitiéndosela -el saber abre puertas- asistir a
las clases, lo que hizo entre 1842 y 1845, si bien con limitado contacto
discente con sus -decían- colegas; fue Arenal feminista que, al ser preciso, a
patadas abrió puertas siempre atrancadas, venida del “catolicismo social”, se volcó en el trabajo para organizaciones
sociales y se enfrentó a las prácticas conservadoras de la “Acción Católica” y, junto a “cuando la culpa es de todos, no es de nadie”
o “abrid escuelas y se cerrarán cárceles”,
su frase más (re)conocida fue “odia el
delito y compadece al delincuente”.
Si se tiene medio dedo
de frente y se es honesto y cabal, se percibe claro que, con buenas leyes, los
jueces solo escrutarían hechos, la pena buscaría que el delincuente no reincida
en su antisocial conducta y respondería al daño social causado, haciendo tan justo
y lógico odiar el delito como compadecer al delincuente, todo ello en las
antípodas de lo que hoy aquí ocurre, pues -por llamarlo de algún modo- del
poder político que rige la “res pública“
alarma la escasez de neuronas en el seso y de cabal honestidad en abundantes
conductas, por lo que las leyes de
quienes son elegidos y, luego, soportados cuando -tan mal- elaboran leyes no “claras y precisas”, exigentes de un subjetivo,
inseguro “arbitrio judicial” y, sin pulsión
didáctica rehabilitadora, premian y castigan en orden inverso al mal o el bien
social causado y, hoy, hostigan al infractor pequeño y dan, por contra, cobijo
y favor al gran, dañino delincuente, tolerando a diario el crimen a quienes,
voraces codiciosos enemigos de la igualitaria solidaridad, destruyen el planeta
y aquí también ahora el -muy- golpista egoísmo periférico, al que la mercantil
PSOE y su inane rémora, los “nuevos
políticos”, moliendo al resto, ceden la progenitura del ordeno y mando, por
un muy ruin plato de lentejas… para ellos.
Como en el colegio
anteayer, cito abajo unos ejemplos prácticos de cómo España cobija, premia a los
-peores- criminales y castiga, por contra, a quien cumple el troncal contrato
social de Rousseau que, entre otros, anteriores a él, exigió Beccaría como base
jurídica reguladora de la relación -que hoy urge reconciliar- entre naturaleza
y cultura social, de modo que el ser humano -me vejarían los “progres” si, genérico, escribiera
hombre- pueda vivir libre en la sociedad asentada en una organización que, decía
Rousseau, nos “defienda y proteja con
toda la fuerza común que proporcionan la persona y bienes de cada asociado,
cada individuo unido a todos los demás no obedezca más que a sí mismo y, por ello,
permanezca tan libre como antes”, acuerdo social que, enajenando la
voluntad de cada individuo, otorga el control de lo cedido a la comunidad y,
así, no se adquieren derechos distintos de los cedidos y se genera, además, la
fuerza del grupo atado al acuerdo expreso, testimonio de la “voluntad general” que, justa y atenta a la
utilidad pública, al bien común, no debe ser mera suma de esos egoísmos individuales
que guía siempre el interés particular, de modo que, emane de tal “voluntad general” la legítima auctoritas, base de la potestas de ese Estado que debe velar,
con rigor de paterfamilias, a fin de
que se cumpla el pacto social, lo que aquí ahora, evidentemente, no hacen las cúpulas
de los partidos, turbias sectas con claro interés mercantil que -dicen- representarnos.
Alarma que sujetos uncidos
en tales manadas que llaman partidos, hayan osado cesar a una alta empleada
pública, directora del CNI para cobijar a delincuentes, golpistas convictos
afirmados en su territorio, desleales transgresores del pacto social, que, muy
mayoritaria y libremente, firmaron 40 años atrás junto al resto de los ciudadanos
de, ¡ag!, España, consumando el cese pese a haber constatado que el Estado que
nos debe defender fue autorizado por el TS para conocer cómo alteraban su credo
los incumplidores del esencial contrato, un cese perpetrado en cuadrilla, sin
antes responder las preguntas que el 22 de abril formulaba la propia ministra:
“¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando
alguien vulnera la constitución, declara la independencia, corta las vías
públicas (…)” o “¿y si alguien realiza
maniobras políticas con dirigentes de un país ajeno?” para conspirar, o la
tan evidente, que fue titular del poco dudoso El País, “¿Es posible que Sánchez
no supiera que Pere Aragonés estaba siendo espiado?”, destacando en el coro
de disonantes graznidos de deslealtad José Antonio Martín Pallín, fiscal, magistrado
emérito del TS, escribidor -sin duda político, no jurídico- que en la biblia liberal
critica “no alcanzo a comprender quién
tomó la irreflexiva decisión -sin duda, política- de espiar a los independentistas catalanes y cómo no se midieron las
consecuencias”, ¡“espiar” lo
llama el emérito magistrado! y sin valorar la delincuencia golpista demanda que
“en una democracia lo sano es que los
responsables dimitan”, generando zozobra y duda lógica sobre si incluye o
no entre los que han de dimitir a magistrados del TS, lo que, en todo caso, es muy
grave.
Los delitos identitarios
territoriales, como es la rebelión, están legislados -es cierto- en un imperfecto
Código penal, pero muy ajeno al -muy poco- seso con que, tras no “conquistar el cielo”, los -cada día más
altivos y ricos- “nuevos políticos” catalogan
los “escraches” -si no son contra
ellos- como medio político, o legislan populistas migajas para los más parias,
o, en su agenda de “género”, “presumen la culpa del hombre” frente a
la mujer o en el caso de abortistas a 2 año de llegar a la mayoría de edad -que
debiera ser bien pensada, única y sin lastres morales- debilitan a los padres,
obligados con ellas, o con la “menstruación
dolorosa”, jurídicamente insegura, creando dudas laborales,… todo lo cual aleja
a esa gente de Beccaría o Arenal al pensar y generar cambios legales; muestra su
-poca- seriedad la vicepresidenta Calviño que, en el Madrid Leaders Forum de la CEIM,
al ser la única mujer en una fotografía “inmortal”, se opuso a aparecer en la
imagen, ¡ay, la imagen!, resolviendo el problema con un burdo tropo, la fútil presencia
junto a ella de la Secretaria General de la CEIM.
Coda final festiva. Decía ayer El Delirio, oficioso boletín de la burocracia, que el MITERD -que no ha resuelto las denuncias de la Plataforma- “ha firmado esta semana la autorización administrativa”, (pen)último papeleo del ilegal polígono industrial El Escudo, de Sánchez Galán, “el listo” corrupto, y Varcarce, también llamado Valcárcel, “el inexplicable”, dando, si es cierto, paso a, como ocurrió con el “concurso eólico”, los recursos administrativos y judiciales, las querellas y otras nimiedades,.,, ¡llega la fiesta!
