217 Los domingos
cavilar
En caída libre
Fernando
Merodio
01/05/2022
“Quiero saber si en el orden civil puede
darse alguna regla de administración legítima y segura, partiendo de los
hombres tal como son, y de la leyes tal como pueden ser. Trataré siempre, en
esta búsqueda, de vincular lo que el derecho permite con lo que prescribe el
interés, a fin de que la justicia y la utilidad no tengan por qué verse
separadas” (“Del contrato social o
principios del derecho político” Libro I. Jean-Jacques Rousseau).
“La ley, como dicen casi todas las
constituciones democráticas vigentes, es la expresión de la voluntad general, la
gran aportación de Rousseau. Mediante el contrato social se abren las puertas a
la democracia moderna” (Jorge de Esteban. Introducción a “El contrato social”)
Abandono
por un día, sin olvidarla, la fundamental cuestión del control social de la
generación energética como garantía de un futuro lógico para el ser humano,
habitante del planeta Tierra, pues el respeto a la Ley, al contrato social está
sufriendo un destrozo en caída libre que asusta y exige cavilar un mínimo; si
fuéramos como debiéramos, la cosa sería muy sencilla, siendo esencial criterio que
nos dotaría de una justa, igualitaria y, al tiempo, fácil la convivencia detenernos
en la calmada lectura -y su aplicación práctica- del breve, esencial tratado “Del contrato social o principios del derecho
político”, parte de una obra más extensa del ginebrino Rousseau, ilustrado
que se enfrentó a Voltaire, determinó la teoría republicana consolidada tras la
revolución francesa, introdujo ideas como “alienación”
o “voluntad general”, que Kant llamó “imperativo categórico”, y se opuso al egoísmo
individualista y la dependencia económica del pensamiento político de Hobbes y
Locke, germen de la desigualdad, cimentando su teoría en dos plausibles ideas:
“El hombre nace libre, pero está en todas
partes encadenado” y es, además, “bueno
por naturaleza”, esencia ambas del contrato social, que ve a la familia
como “primera base de una sociedad
política”, en la que él se opuso al empleo de la fuerza y defendió una
obediencia lógica, solo, a poderes legítimos, con estricta aplicación de
ciertas proporciones, pues “cuando más
crece el Estado, más disminuye la libertad” y cuantos más “son los magistrados, más se debilita el
gobierno”, que se torna más ineficaz, irreflexivo y lento si un exceso de
personas participa en la gestión de lo común, advirtiendo además, que, “si se desea una institución duradera, no hay
que pensar en hacerla eterna”, debiendo evitar el vínculo “representación”-“corrupción” y apoyarse en una “asamblea”
impulsada por la bondad y rectitud del hombre sencillo, más que en la difícil
complejidad del -que dicen- inteligente, culto y todo ello asentado en normas
sociales civiles, no asentadas en los dogmas de la religión, todo lo cual define
las exigencias del vinculante “contrato
social”, suscrito a partir del hombre como es y las leyes como pueden ser;
insisto en que, leída despacio y con buena fe, la propuesta de Rousseau es tan
fácil de aceptar por la mayoría como razonable y que solo el egoísmo interesado
de -mínima- parte de los humanos impide una convivencia práctica basada en algo
tan razonable, tan lógico como un previo “contrato
social”, vinculante, obligatorio, sin disculpas -y, por supuesto, severos
castigos, sin excusa-, para quien incumpla.
Aquí
hoy, se puede ver que todos, sin prácticamente excepciones, todos los -que se
dicen- “servidores públicos” desde
los tres poderes políticos, ejecutivo, legislativo y judicial, están incumpliendo,
de modo flagrante y grave, su esencial parte de ese “contrato social” que garantiza la seguridad jurídica del resto;
gobiernos, legisladores, jueces y fiscales merecen severos castigos por
incumplir. Veámoslo con ejemplos.
Así,
empezando ahora aquí cerca por el gobierno regional-sozialista, emanación
personal del más rancio -y peligroso- fascio que, hace días, presumía a bombo y
platillo, con la para-militar “brunete”
mediática atronando mentiras sin el menor ápice de verdad, sobre un ilegal,
¡radicalmente, ilegal!, logro al que ni siquiera eran capaces de dar nombre y porfiaban,
torpes, con un equívoco sustantivo femenino, “exclusión” que, sin más, no significa nada positivo, para acabar,
¡que desvergüenza!, haciendo pública una página del (des)gobierno, “Registro de actualizaciones” que
reproduzco y admite que su publicitado “mapa
de exclusión”, textual, “carece en
estos momentos de eficacia jurídica, en tanto no se apruebe -¿lo aprobarán
algún día?- el futuro PROT del que -dicen- forma parte”, generando una insuperable
inseguridad jurídica, juntando en tan pocas palabras un cúmulo de ilegalidades
para vulnerar el “contrato social” suscrito
con todos por un ridículo ejecutivo-legislativo pequeño y próximo…, al que,
insisto, interesados apoyan -muy dañinos y serviles- medios de (in)comunicación
de masas.
Si nos
alejamos un poco para entrar en el estirado, ridículo mundo del jefe de planta
de gran superficie, sección señora, con transversales, irrelevantes asuntos diversos
en que el ridículo egoísmo de identidades nacionales o, más catetas, regionales,
“nuevos políticos” con chalet y ama
de cría y, en especial, la agencia de colocación mercantil que hoy es la PSOE
han convertido lo que alguien hace tiempo dijo que era España, en la que vemos catalanes
que en el entorno del 1-O de 2017 mentían e insultaban al resto o a carniceros
vascos -y silentes cómplices- de lo que, provocando carcajadas en Francia, dicen
euskalerría, se han asentado contra el resto la técnica de un permanente putsch, golpe de Estado perpetrado desde
mínimos territorios consulares en que los desleales ejercen -injusta- “auctoritas” representativa estatal, haciendo
uso espurio de la norma que dijeron -y dicen- acatar y, con burda técnica que, exacto,
definió Curzio Malaparte, se afanan en dañar recurrentes tediosos, con o sin
violencia, a su exclusivo interés, la maquinaria estatal, habiendo introducido
ahora al zorro de lo insano más particular, ERC, PdCat, CUP, la tétrica Bildu,…
en el gallinero del interés general…, para intentar solamente garantizar que
Sánchez siga paseando cimbreante por la planta de señoras de su -por el
momento- gran superficie.
Todo ello
es sucio, sucísimo, pero lo empeora aún más que, obviando ese “contrato social” que ordena que no legisle
el gobierno, sino esa cosa tan rora que -aún- llaman “parlamento” y hoy es mera acumulación, caterva de analfabetos
funcionales acaldados en partidos, que desconocen las leyes… y no saben, en
general, de nada, mientras el resto permitimos silentes, ignaros, sumisos,… que
aquel, mediante la trampa del Real Decreto-ley anule impune la exigencia legal de
evaluar el impacto ambiental de actuaciones que, como los parques industriales
eólicos, maltratan la naturaleza, dañan la biodiversidad y, “para agilizar los procedimientos”, las
supla por algo que controla -solo- él y, sin garantías jurídicas, denomina “determinación de las afecciones ambientales”;
si no se tratara de algo tan peligroso, dañino, en la actual situación de
emergencia climática, se podría interpretar como una simple broma.
Empeoran
todo ello -incluso más- tribunales y
juzgados -a la fiscalía, vergonzoso anexo del gobierno que la nutre, mejor ni
citarla, un peligro social- trufados de ilógicas garantías para el peligroso real,
el delincuente convicto, en especial el político, protegido hasta lo ínfimo mientras,
tras calificarlas -no explican por qué, aunque sea muy fácil imaginarlo- como “acusación popular” exigen a las organizaciones
sociales sin ánimo de lucro, no subvencionadas y sin otra fuerza que la de su
personal fuerza de trabajo, prestar, pese a conocer que carecen de medios
económicos, importantes fianzas que, se intenten como se intenten justificar, solamente
se proponen, si es posible, impedir que tales entes asociativos -bien
organizados son, hoy por hoy, la única fuerza de que dispone el ciudadano- actúen
contra la -cada día más alarmante, abundante, evidente- delincuencia política a
la que, sin duda, por corporativismo de pertenencia a las distintas formas de
poder vicario, hoy por ti, mañana por mí, se trata de proteger, por grave que
sea su violación del “contrato social”; la caída es, pues, libre y la indefensión del
ciudadano frente a la arbitraria ilegalidad de los poderes político y
económico, en una situación, además, de emergencia vital para el ser humano en
el planeta, situación que exige una actitud colectiva revolucionaria auténtica,
elemental y sencilla, firmemente asentada en la firma del sencillo contrato
social y, por supuesto, la inexorable exigencia, a todos, de su
cumplimiento
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