187 Los domingos cavilar
De privilegios y fianzas
Fernando Merodio
03/10/2021
“Privilegio.- Derecho, ventaja o
exención excepcional concedida a una persona o colectividad. Hecho o situación
agradable de que disfruta una persona“. (The Free Dictionary)
"Fianza.- Prenda, garantía o
dinero que se da como seguridad del buen cumplimiento de una obligación o
compromiso”. (The Free Dictionary)
Aunque suene aburrido es esencial pues, de modo
genérico, el procedimiento da forma a
actos que se concretan en acciones jurídicas para alcanzar un fin, ordenados de
modo que, sin los previos, los posteriores son inválidos y, sin los posteriores,
los previos no son eficaces, protege el Estado de Derecho y el principio de legalidad y exige respeto
para los de contradicción -igualdad ante la Ley-, legitimación -interés legítimo-,
imparcialidad -eficacia, objetividad, jerarquía, coordinación,
descentralización y respeto a la Ley-, transparencia -normas accesibles a todos-,
y además, en -pocos- casos, el de información y participación política ciudadana;
el procedimiento es, pues, algo serio, no una fórmula, sino garantía de justa
igualdad ante la Ley, pero también lugar en que -sin poder obviar que el
Derecho emana, en general, de quien detenta el poder- más evidente se muestra
lo que da título a la cavilación, "privilegios
y fianzas", artificios creados para generar -aún más- injusticia y desigualdad
que me hacen pensar, con la brevedad que me exijo, en dos casos: el primero, la
evidencia de cómo, (ab)usando (d)el procedimiento, los poderes de la política privilegian
y regalan lo mejor, lo más mollar -lo que da utilidad o provecho con poco
esfuerzo- de la ciudad al poseedor del pésimo dinero usurario del banquero y el otro
cómo, al exigir fianzas, la justicia dificulta la persecución de los delitos más
graves y dañinos, los públicos.
Hace años, se “concedía”
formalmente a la Fundación del
banco que se apropia -entre otras cosas- del nombre de la ciudad, sin
imparcialidad, transparencia, contradicción, información y real participación en
el procedimiento, burlando sus normas que fijan la igualdad de todos ante la
Ley y con trámites acordados, prefijados años atrás, arbitrarios, realmente, se
le ha regalado el tramo central, el más marinero, de mayor calado del muelle
ciudadano, a fin de plantar -ellos soñaban con una pirámide, un túmulo
funerario, pero les ha salido- un mamotreto vendado hace años a fin de evitar
que, al desprenderse, sus piezas nos maten, armatoste en el que, siempre ruin y
humillado, Revilla se reúne, pedigüeño, con Sánchez, en lugar de hacerlo -muestra
de lo inepto que es- en el ruinoso solar del único edificio público republicano
que había en Santander, la Diputación, “memoria
histórica”, al tiempo que, 2021, con el procedimiento también retorcido, se
tolera a los mismos, agrupados de otro modo, mantener, mientras quieran, el
centro de la ciudad patas arriba para al final, además de quitar aún más luz a la
calle Martillo, fingir que rehabilitan, conservan, cambian de uso,… un par de redichos
edificios irrelevantes, muy del pueblerino gusto burgués y que, además,
representan lo peor de la peor historia ciudadana, desde los que imponernos su feo,
sucio concepto de cultura, arte,... acabando de hundirnos en el lugar en que, porque
lo merecemos, estamos..
Digo que "se concedía" el muelle porque -dijeron- se usó -forma del
"procedimiento"- una concesión
administrativa, peligrosa figura cuya mínima garantía es funcionar "intuitu personae", otorgarse solo a
quien el "dadivoso" concedente -de lo que es de todos- considera que
lo merece; según el Diccionario de
Derecho Público, es medio por el que la Administración, ente abstruso, "confiere a alguien un derecho o poder de que antes carecía mediante la
transmisión de un derecho o el ejercicio de un poder propio" de
ella, mudando así en Administración a un creso grupo que dicen Fundación, a la que la ley exige ser
exacta en sus números y ejemplar en su actividad y la de sus miembros, una
casta que, en este caso, atesora como méritos haberse enriquecido, para
desgracia del resto, con sofisticadas formas de usura, una selecto clan
familiar, todos con el mismo apellido, al que, en perjuicio del interés general
se otorgó el privilegio de ocupar un magnífico suelo del dominio público, una
parte del muelle frente al "Banco"
que, por medio de dirigentes como Rodrigo Echenique, interviene, entre otros
medios, en el grupo Vocento, dueño de
El Delirio Montañés, que le hace la
ola y pone sordina, entre otras vergonzosas ilegalidades, a que hasta hace poco
"la familia" tuvo ocultos,
sin declarar desde la guerra (in)civil, con los españoles sufriendo penuria,
"un mínimo de 2.000 millones de
euros -350.000 millones de "antiguas" pesetas- en las cuentas suizas de HSBC",
gravísima ilegalidad que se regularizó con la -habitual- complicidad de "los procedimientos", mientras
Economía multaba a XYZ, ABC y DEF
Heritage Foundation, ¡más útiles Fundaciones!,
de uno de ellos llamado Jaime -casi al tiempo condenado a 3 años de cárcel y
una muy millonaria multa por intentar vender fuera de España, su práctica del
arte, un "Picasso"- que
ocultó, perjudicando a otros accionistas, la titularidad de un buen porcentaje
de acciones de Bankinter o también al
tiempo de que el Banco-ciudad fuera
acusado, con datos, de ocultar a Hacienda la identidad de clientes creando
sociedades offshore, entre otros lugares,
en Bahamas o también de sucias maniobras ilegales en la creación/construcción
de su “Ciudad Financiera”, próxima a
Madrid, en la que colaboró Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto cuya turbia
intervención en los "procedimientos"
del mamotreto del muelle o el PGOU de Valderredible algún fiscal aburrido
debería investigar y, por ello, sostenemos, en fin, que no a todos, sea cual sea su opulencia, se debe
permitir inmiscuirse mediante "concesiones "
en zonas de acción reservada a la Administración Pública.
Todo ello es, quizás, razón de que un Fiscal
General afirmara en el Parlamento que los delitos de corrupción son “un demoledor
ataque a los pilares del Estado de Derecho” y, si no se los combate “contundentemente”, mueven al ciudadano a
“justificar”, entre otros, “el fraude tributario o a la Seguridad Social”,
urgiendo modificar la idea española de que la Justicia, "su procedimiento", “no trata igual al poderoso que al resto”,
pese a lo cual y a los serios datos que incapacitan jurídica y éticamente a los
titulares de la "concesión"
de 2.827,53 m2 de muelle y 658 m2 de vuelo sobre el agua durante 35 años, para
implantar dos contenedores de 22 m. de altura -equivalente a 6 plantas- y 90 m.
de frente -doble que el Banco-ciudad-
en un oscuro, imposible, raudo trámite inédito que se iniciaba el 13 de abril y
se concluía, ¡en 35 días!, el 18 de mayo de 2012, evidenciando corrupción
-cuando menos- político/administrativa, tráfico de influencias, prevaricación,
negociaciones y actividades prohibidas,…
En el segundo plato de la balanza que, junto a
una espada, exhibe la severa mujer de ojos vendados, hay que cargar las
dificultades que el mismo “procedimiento”
impone a otros, pudiendo citar junto a más ejemplos, la inexorable fianza exigida
-no al criminal- sino quien, tras cumplir la obligación -artículo 259 LECr- de
denunciar, con razones y documentos incluso, delitos que conoce bien, facilita
al juzgado y la fiscalía notitia criminis
de hechos -con indicios- delictivos, respecto a los que ha mantenido una
larga lucha en distintos ámbitos procesales con los querellados, denuncia y sostiene
la lógica pretensión de ser acusador particular, no popular, pretensión en la
que lo peor es el sabido, habitual hecho de que si, por dignidad u otra causa, no
presta caución, se inadmite y archiva la querella y ni el juzgado ni, menos aún,
el Ministerio público, flácido/político, investigan y, en su caso, persiguen a los
denunciados, siendo claro a qué hechos -públicos y muy graves- y personas
protegen las fianzas, así como la -dura- sensación de impunidad -real- que todo
ello genera.
Es crucial el momento, de cambio a un modelo
energético igualitario y justo -¡Hay que
cambiar el sistema!, repite irritada Greta Thunberg- mientras aquí Ocyener, S.L., solo un notable apellido
y un mínimo capital social, debería explicar de dónde saldría la parte de los muchos
más de 100 millones de euros que -según dice- sería su aportación a los ilegales
polígonos eólicos La Costana y Campo Alto y, en especial, al salvaje y
dañino El Escudo, del que El Delirio Montañés, 30.09.21, desnudando
su idea del “procedimiento”, dice
gráfico, con claridad indecente, que está “en
la última fase de despachos”, evidencia de cuál es su lugar en un mundo de
“privilegios” y “fianzas”.
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