250 Los domingos cavilar
Contrato social e impunidad
Fernando Merodio
18/12/2022
“En cada
Estado hay tres poderes (…) el primero (…) hace las leyes para cierto tiempo o
para siempre (…) el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe
embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y el tercero,
castiga los crímenes y decide las contiendas de los particulares (,…)”. (Montesquieu. El
espíritu de las leyes, 1748)
“El gran problema en política, que yo comparo
a la cuadratura del círculo en geometría, consiste en concebir una forma de
gobierno que ponga la ley por encima del hombre. ¿Es posible esta forma?
Confieso que no creo que exista“. (Carta de Rousseau a Mirabeau. 1767)
A quienes
ahora -tan bien como irregularmente- viven de la política -hace años- les
obsesiona su impunidad y lo transmiten con la horrísona tabarra de -¿por qué?- despenalizarse
y el paralelo intento de aparentar un pleno, eficaz control de sus actos por el
poder judicial mediante el útil -solo para ellos- trampantojo de la
fiscalización contencioso administrativa, en la que, tan diferente a la
revolucionaria, inicial guillotina, aunque se los condene, nunca pierden ellos,
sino la res pública, el resto y es
más grave aquí ahora cuando, tras el “Isidoro”
que rompió con Marx, nos metió en Europa, ¿o solo fue en la pacifista OTAN?, usó los inicuos GAL junto al -¿escaso?- aparato represor
que le legó Franco, olvidó la igualdad al esbozar el actual Estado de malestar, Unrest State, no el Welfare
State, de Bienestar, mientras su alter ego “Arfonso” anunciaba la muerte de la garantista Ilustración política
que ideó Montesquieu y hoy, pasado el susto de Aznar, la meliflua, dañina
transversalidad del de la Z o la ceja y la rara pachorra gallega de Rajoy, el cruel
jefe de planta, aupado en una fútil derecha, recita las publicitarias cuñas de la
corporación de astrosos mentales, nuevos ricos “Progresistas & Co” y culmina, (re)mata sin alternativa la irracional
-ajena a la Razón- tarea de aniquilar la filosofía jurídica ilustrada, arrojando
el cadáver de quien ideó garantías formales para nuestros derechos a la colmatada,
macabra cuneta de los perdedores de la Historia sin, siquiera, cubrirlo de
tierra, dejando al resto en la utópica -y cándida- espera de que -no nosotros,
otros- lo exhumen y reaviven la -formal- teoría de los tres poderes que se
contrapesan -u otra-, pues lo que hoy intentan imponer tan peligrosos sablistas
con solo dos poderes, ejecutivo y legislativo, copados por sus mercantiles/partidos,
no es propuesta ética/lógica, sino solo garantía para ellos.
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En el revolucionario,
ilustrado inicio de la vieja filosofía político-jurídica, en el feraz y feroz
siglo XVIII, a los pocos años de que Montesquieu publicara, 1748, “El espíritu de las leyes” razonando su
teoría de la división de poderes, Rousseau, defensor de que “el hombre nace libre pero, sin embargo, está
por todas partes encadenado”, editaba,
1762, “El contrato social”, la formulación
más conocida sobre la voluntaria renuncia del individuo a su estado natural de
inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, una cierta forma de
imposición del vínculo con ella, regulada mediante las reglas de un “contrato social” que obliga, el llamado
Derecho tutelado por el Estado, ente creado para, además de vigilar, exigir que
se cumpla, definiendo Hans Kelsen el Derecho como “conjunto de reglas que regulan deberes y normas generadoras de las
facultades que fijan las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a
todos los miembros de la sociedad de unos mínimos de seguridad, certeza,
igualdad, libertad y justicia” mediante las leyes que, según Rousseau
expresan la voluntad general y son sustantivas, pues incluyen sus fines en si
mismas y es, pues, -muy- perverso usarlas como medio -en el peor sentido-
político, muy en especial el hoy tan baqueteado, Derecho Penal, rama del Derecho público que, para el buen
funcionamiento del contrato social, utiliza el ius puniendi, potestad punitiva, para castigar y frenar conductas dañinas,
previamente tipificadas como delitos,
y, con proporcionalidad imparcial, garantizar la convivencia social que Kelsen señala,
y todos deberíamos saber, es función esencial del Derecho en general.
Sé que todo
esto puede ser pesado, reseco incluso, pero no veo mejor modo de expresar lo que
me genera el “progresismo/independentismo”
que hoy (des)gobierna, dañino para la confianza social en la norma que, buena o
regular pero básica en el pacto social, llamamos Constitución y la RAEL fija
como “ley fundamental de un Estado, con
rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y
libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la
organización política”, funciones que, en la turbiedad actual y zarandeada
por los bárbaros -o sea, los “balbuceantes”-
que, quien votó, ha elegido entre quienes cabildeaban los corruptos
mercantiles/partidos, es cierto, no cumple la redactada por la que -ignaros- los
cerriles llaman “casta del 78”, formada
-parecen ignorarlo- por gentes entre las que, pese a carecer de poder y votar no
a aquella/esta ley fundamental, me incluyo y, con sus variados orígenes y divergentes
ideas, resulta fácil ver cómo, incluso las más retrógradas o corruptas de aquellas,
eran mucho más valiosas que la purria actual.
Dice,
nada sospechoso, Edu Galán, fundador de la revista Mongolia, que “vivimos una
época profundamente infantil, cortoplacista e idiota”, descripción similar
a la de los catedráticos jurídicos Ana Carmona y Manual Cancio que razonan,
cada uno a su modo, que “el procedimiento
legislativo exige el respeto a las normas establecidas” y “los tiempos de cierta política no son
compatibles con el respeto a la ley penal”, para concluir explicando que “las reformas de la sedición, la malversación
y la renovación del TC deberían haber recibido un tratamiento menos acelerado,
que propiciase un debate más acorde con su trascendencia jurídica” y, añado
yo, social, siendo las tres, en especial lo de renovar el maltratado órgano fundamental,
de dudosa legalidad.
No veo
razones distintas a la evidencia de que al dejarlos legislar se ha puesto en
manos de una comunidad de orangutanes un flete de armas de fuego, algo sin duda
muy peligroso, un riesgo que crece cuando, como en este caso, se une -Ortega dixit- al irresoluble problema catalán, sin
otra lógica que no sea la absoluta imposición egoísta, tribal, desconectada del
interés general, peliaguda cuestión sobre la que, durante el juicio en el TS,
escribí para el declinante/resiliente Alerta
34 retazos bajo el título global “Deconstruir
el proces”, razonando que lo que se juzgaba entonces tenía la técnica de un
golpe de Estado, de una trama criminal organizada que no era simple
desobediencia civil, sino algo más desleal, grave y, en especial, dañino para el
resto de los que habíamos firmado un contrato social junto a los malhechores golpistas
que, entre otros, se apoyaron en sectores de la policía, lo que vi -y veo- como
un claro delito de rebelión agravado por el desprecio a “els altres catalans” y no
tener ni pensado un mínimo nuevo contrato social, actos egoístas, divisores,
que debilitan y frente a los que eché en falta a la -vieja- izquierda real,
mientras me herían la apatía de muchos -casi todos- e, incluso peor, la
cobardía de quienes, con razones, debieron dar la cara frente a los que golpeaban
la constitución, el contrato social, de todos.
Hoy, la peste
que enferma al engreído, peligroso jefe de planta, su ineludible nece(si)dad de
pactar -con cualquiera- para mantener el solio, hasta con los parásitos que
decían “poder” y negociarlo todo, incluso
las comas del pacto, ceder igualdad y derechos de todos a empleados de las más variadas
empresas rivales, “gentes de Estado”
como Belarra, Yolanda, Rufián, Esteban, Aizpurúa, Nogueras, Errejón,…, anulando
el recato y empeorando la -inestable- situación de la mayoría en la -culpa de las dos empresas- sediciosa refriega legislativa
entre alimenticios “progresistas” híbridos
y los más desnortados, pancistas “liberales”,
refriega en la que, serio daño, han implicado al CGPJ, TS. TC,…, el poder
judicial, convirtiendo al resto, a nosotros, en objetos de cambio para los que,
hábiles ante su nece(si)dad, hoy pactan con él -de momento- abolir, pues les
allana el camino en la matraca del proces,
el tipo delictivo de la sedición y, también, suavizar el de la malversación,
delitos que, cuando no defienden al todo frente al egoísmo de -poca- parte, nos
conduce, así acaba Conrad su “Heart of
darkness”, “hacia el corazón de una
insondable oscuridad” donde, pienso, está “¡el horror, el horror!” que exigen los -mal augurio- 13 votos del que
dicen Rufián.
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