199 Los domingos cavilar
Abogados
Fernando Merodio
26/12/2021
“Y
aunque sin duda, dentro, la sombra de un suspiro / lata bajo esta historia, /
por los felices días de aquel verano ido / y el paso de su gloria, / no ajará
con su aliento la mágica delicia / que de este cuento brota”. (Lewis Carrol. “Alicia a través del espejo”).
La
Constitución de 1978, ilusionante y formal declaración de intenciones en el
lento -y sin duda, fallido- viaje desde el fascismo consentido a la democracia,
solo cita de forma expresa una profesión: la de letrado, nombre engañoso donde
los haya, inexacto en lo -bastante- que yo sé de tal cosa, identificador de lo
que el común de los mortales llama abogado, algo tan -solo en teoría-
importante como que el fundamental artículo 24 de la “ley de leyes“ lo hace parte de la abstracta, teórica, tan solemne y
universal como volátil tutela efectiva del ejercicio de derechos y libertades
individuales y de todos, desiderátum que -dicen- se protege con, entre otras
cosas, “la asistencia de letrado”, desproporcionada
responsabilidad, titánica tarea que supera -con creces- la real capacidad de
tales -en la mayoría de los casos livianos- profesionales; ni a dioses y héroes
Homero exigió tanto.
El
Estatuto General de la Abogacía, norma que -dicen- rige el ejercicio de tal
afán, finge aceptar el envite y estar a la altura del reto constitucional con oníricas
imágenes que ocultan la cruel realidad y mezclan apetencia utópica y cruel realidad
cuando, en su artículo primero, define -sin condicionales- que “la abogacía es una profesión libre e
independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se
ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio de la defensa de
derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia
y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los
derechos y libertades fundamentales y a la Justicia” ¡Casi nada!, libertad,
independencia, servicio a la sociedad, interés público, ciencia y técnica jurídicas,
concordia, derechos y libertades esenciales y, la guinda, Justicia mayúscula; exigencia
excesiva para lo que es solo un oficio, trabajo humano; Estatuto es norma que
obliga o “statute”, anglosajón, ley
que aprueba el parlamento, lo que aquí no ocurre, pues es un mero decreto-ley,
simple cacicada política del ejecutivo, mangoneada con otros desde 2013, hasta aprobarla
el gobierno el 2 marzo 2021, cuando -con eficaz colaboración silente/cómplice
de la “fiel abogacía”, tan fiel al
poder, al menos, como la infantería- estaban muy limitados fundamentales
derechos ciudadanos; tal Estatuto -dicen- asegura la libre prestación de
servicios, el secreto profesional, la -inane- posibilidad de reclamar los
colegios al CGPJ, formación continua, transparencia en la -opaca- acción de
mutualidad, consejos y colegios, …; es la de (i)letrado/abogado, pues, una profesión,
hasta ahí cierto, una tarea retribuida que muchas veces, para algunos, resulta
muy exigente y dura, siendo el resto de las anteriores citas de derechos y
principios tan reales o falsas como -en el suelo- las aplicadas de forma
genérica a cualquier persona, profesión o trabajo.
Se presume
que el afán de tal profesión es la Justicia y su artilugio la Ley manejada con
-dicen- técnica jurídica, lo que, sin duda, es inexacto y peligroso; la Justicia
es institución humana, indeterminada, pervertida con la finalidad de que la
usen unos pocos para, con ella, reprimir al resto, por lo que se deberá exigir que
Justicia se vincule a igualdad y, pues su búsqueda se inicia en Grecia, lo
mismo que la idea de que lo primero es el conocimiento de lo que hay y, a
continuación -proponer- la idea en base a la que deberá hacerse algo, todo ello
es difícil y equívoco, tanto que en el ejercicio de esa búsqueda de la Justicia
se yerra más que se acierta, al contrario de lo que -como Alicia y joven- soñé
durante el mágico suspiro que me duró unos años; lo de la Ley, incluso clara, es
peor, no precisa que la manipulen, emana del poder omnímodo y, con saña, exige su
cumplimiento, sin importar quién o qué caiga.
En
España, algunos vivimos el ejemplo cierto de lo que, en la práctica, llegaron a
ser Ley y Justicia, así como de lo que, en tal situación, dio de sí la
profesión de marras; hemos vivido dos regímenes políticos -que dicen- distintos,
con legislaciones diversas, sufrido represión normativa penal, disciplinaria,
laboral, política,… permitida por la sociedad, muy dúctil entonces en toda
España, en especial en Cataluña y País Vasco; la presión civil, laboral, administrativa,
mercantil,… no fue -ni es- nimia, sino orgánica y causa, incluso, años de
cárcel a quien hace frente a lo que, siendo legal, es injusto sin que, salvo en
pocas ocasiones, los letrados, sus colegios dijeran ni pío, lo mismo que está
ocurriendo con lo que dicen pandemia; bajemos, insisto, al suelo.
Decía
Nietzsche que los conceptos tienen definición o historia, pero la Justicia,
controlada como está, no se puede conceptuar y, así, John Rawls, la analizó
desde mil puntos de vista, escribió cientos de páginas sobre ella sin llegar a definirla,
pues a cada cual conviene un concepto diferente, haciendo que, a ras de suelo,
su historia sea asoladora, un infierno o novela de terror escrita por los amos
y sus más cobardes siervos; la Ley, ya he dicho es, más evidentemente lo que el
poder quiere y los abogados, vuelvo a ellos, tienen dos caminos: o se pliegan a
lo que dice la Ley, sea la que sea para no hacer reales los -falsos- afanes que
dicen Constitución y Estatuto, o, con técnica jurídica, buscan la Justicia por
vericuetos ajenos a la norma impuesta, al sistema, muy duro, incómodo y, lo
peor, no siempre con resultados justos; al final son dos callejones sin salida,
cul de sac, una nocturna pesadilla sombría.
Vuelta
atrás, al duro suelo, para ver cómo la abogacía es una profesión cierta, con
más de mil doscientos practicantes en este pequeño territorio, uno cada menos
de quinientos "clientes" lo que, pese a que algunos son asalariados,
no “independientes y libres”, no hay
tarea para que todos desarrollen la -que dicen- sacrosanta misión, haciendo que
muchos tengan que prestar, de modo lastimeramente alimenticio, el servicio
público del turno de oficio, no mantenido por el Estado sino por el trabajador,
el (i)letrado/abogado, con una normativa laboral más discriminatoria y gravosa que
la de cualquier otra profesión, gremio u oficio, no siendo entendible que miembros
-y miembras- de tal gremio, todos, acaten ser encajonados, a la fuerza, en un
colegio, corporación elitista que creó el fascio, sabor rancio, agrio regusto a
otro tiempo, exclusión de vitales exigencias políticas, profesionales,
laborales, sociales,… de todos.
Si
nos centramos en aquí y ahora, la cosa de los colegios de (i)letrados/abogados,
cuya (pre)ocupación es que todos -jóvenes y (muy) mayores- paguen para mantener
la excesiva corporación que genera a su dirigencia sinecuras aparentes y
tratos, es tan dañina como que quien, diciéndose periodista, es juntaletras y
-solo- obedece a quien le paga, tareas ambas privadas, pero con repercusión
pública, tan deprimentes como la (in)acción -esa sí, pública- de lloriqueantes funcionarios,
pensionistas, enseñantes, sanitarios, …, encabezados por la mercantil clase
política, sus elegidos o las simples rémoras; y, siendo que los de "lo público" apenas son exigidos ni tienen
-casi- que dar cuentas a nadie, ponen a fin de mes la mano y les cae -mientras hablan
de maltrato- un salario muy superior -hoy por hoy en muchos casos- a sus
fatigas, méritos y a su -falta de- respeto
hacia el ciudadano que todos los meses -no olvidarlo- les paga para recibir
servicios, el (i)letrado/abogado y el juntaletras/periodista son en especial
responsables de lo que ocurre en el -muy- grave momento que vivimos de cambio
-no solo climático- de ciclo en el que debemos parar los pies a quienes nos han
traído hasta el caos, no consentirlos que legislen/negocien/pacten contra el
resto con total impunidad y, sustituyendo al atronador silencio de tan
esenciales profesiones, hoy deberían exigir que pudiéramos reunirnos libres, no
llevar bozal ni tener que demostrar que estamos -quien lo esté, pese a no ser
obligatorio- vacunados y callarlos cuando mienten diciendo que lo que hacen, todo,
es “histórico”: pactar bagatelas con
patronos, subir los salarios un 2% y aceptar, impúdicos, lo que pasa con la luz,
no derogar, solo retocar las relaciones laborales, decirnos -mintiendo- que han
anulado la -para ellos- útil “ley mordaza”,…
; temas de que debieran hablar periodistas y abogados. No callar.
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