175 Los domingos cavilar
Busqué justicia
y encontré juzgados
Fernando Merodio
11/07/2021
“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como
la verdad lo es de los sistemas de pensamiento“(...) los derechos asegurados
por la justicia no están sujetos a regateos políticos, ni al cálculo de
intereses sociales (John
Rawls. “Teoría de la justicia”).
“El arco de la moral universal, aunque largo, termina siempre doblándose
en el sentido de la justicia” (Ruth Bader Ginsburg, prestigiosa juez de la
Corte Suprema USA, fallecida)
Cavilar
sobre tan sensible y serio tema es arduo por molesto pero también urgente y necesario
para saber qué pasa, pues la justicia es -dicen- "principio universal que rige la aplicación del derecho para conseguir
que se actúe con la verdad dando a cada uno lo que le corresponde",
concepto moral alimentado por serias ideas de necesidad, equidad, libertad,...,
pero, en la práctica, por algo tan subjetivo como el derecho, principios y
normas -no siempre fiables- que ofrece -solo- la apariencia de ser justo, por lo
que al analizar la justicia en un momento y acto concreto debemos valorar el
derecho, las leyes aplicadas y, además, la actuación de jueces y tribunales que
las interpretan y usan e investigar a los legisladores que las elaboran -muy coartados
por sus grupos, poder político y, en especial, por el poder económico-, pues,
insisto, la justicia, principio universal, toma en la práctica la forma de las
leyes -poco fiables, al emanar del poderes espurios- y es un sofisma vincularla
al pueblo que -dicen- designa y controla todo y pensar que -al, falsamente,
nacer de él- es necesariamente buena.
Se
trata de una seria cavilación que me
lleva a montones de papel impreso hacinado con afán
de uso futuro y, en concreto, a una vieja colección de recortes de viñetas de El Roto, profundo analista de lo
cotidiano importante, entre las que encuentro a un hombre de rostro angustiado
que a su lado tiene -solo- una botella -que creo de vino- y un incisivo texto: “Busqué justicia y encontré juzgados”, tan
obvio como las palabras de John Rawls, jurista de la filosofía moral y
política, actual, adalid convencido, frente al utilitarismo, de que la necesaria
justicia debe asegurar los derechos individuales y de grupo, sociales, lo que exige
que el gobierno de la ley sea, a partir de los dictados del vinculante pacto
que es el contrato social y no de un voluntario, falso sentimiento bienintencionado
manipulable que algunos nos presentan como garante de la libertad e igualdad individuales,
protegiendo en forma esos y todos los derechos.
Al analizar la gestión socio-política práctica de la justicia
no debemos olvidar el reproche formulado por Foucault, crítico específicamente -pero
sin duda ejemplificador genérico- de la represión penal, “(...) la lentitud en el suplicio, sus
peripecias, los gritos y sufrimientos del condenado desempeñan, al término del
ritual, el papel de una prueba última”, siendo evidente que, para el filósofo, la
realidad de la justicia siempre remite a algo distinto de su estricto contenido,
algo que hace evidentes las relaciones de poder -y, por ello, las de clase- existentes
en cada concreto momento, quién manda y quienes deben obedecer, advirtiendo,
amenazando, reprimiendo con la -maliciosa- técnica de exhibir los sufrimientos
que impone -o no- al justiciable en sentido amplio.
Se trata, pues, de
cuestión vital que demanda la mejor gestión humana, honestidad, lealtad,
esfuerzo,…, si bien -entiendo que- ello se quedaría en filfa si no lo aderezamos
con -imprescindibles- las elevadas dosis de inteligencia, juicio, razón,… individuales
exigibles a quienes deben garantizar la corrección del esencial cometido, y es
ahí, en lo personal práctico, donde se ve que al legislar y juzgar fallamos
desde la base, serio problema que ilustro desde mi experiencia personal, de
1963, cuando concluido el bachiller, por rutina -burgués económico, del “cuadro de honor”, de los primeros de
clase- fui a la universidad y, en ella, a una carrera de ciencias, ingeniero de
caminos, canales y puertos que -entonces “lo
más”- se impartía solo en Madrid, en la esquina del Retiro colindante con
la glorieta de Atocha, para comprobar mi desafección a ella, lo que unido a mi
inquieta juventud y la "libertad" de vivir, sin control familiar, en
una “pensión”, me hizo rechazar su
alta exigencia y abandonar todo intento casi antes de empezar -mi hermano, dos
años menor, lo hizo en tercero de carrera, atraído por la medicina, Freud,
Reich, Marx, el psicoanálisis, “el
partido”,…- y, viviendo en un mundo injusto opté, candoroso, por buscar "la
justicia" y matricularme “libre”
-así lo decían- en la Facultad de Derecho en Oviedo para ver que el nivel de
quienes optábamos a -para mí entonces- la atractiva y abierta disciplina que
enseña a legislar, dar fe, certificar, juzgar, defender o acusar,… reflejaba un
bajo currículo bachiller, siendo nuestro rigor mental, con excepciones que afianzaban
la regla, muy inferior al de los de “caminos”,
permitiéndome concluir la licenciatura en la tercera parte del tiempo de muchos
de mis compañeros, momento en que no vi lógico gastar la vida -tras solo una memorística
y fácil, sí memorística y fácil, oposición- en juzgar al resto, excesivo e
impropio para mis veintipocos años, o a certificar, dar fe, registrar,
fiscalizar,…, tediosas formas de usar mi -escaso- tiempo, evitando ser un
burócrata o un practicón en derecho -que identifico como mero sentido común- y,
tras inscribirme forzado, pagando a cambio de nada, en una arcaica corporación colegial
de raíz totalitaria y una mutualidad, me propuse defender a quienes me pidieran
algo serio, intentándolo, sin integrarme ciego con la fe del carbonero -ni
siquiera al militar en el clandestino PCE lo hice, pues así solo soy del Real
Madrid-, fatigándome ajeno a mi grupo profesional durante 50 años para acabar
hoy, con 75, sin dinero ni pensión, no defendiendo, atacando con saña y algún saber
-casi todo leguleyo, del fatigoso vivir- a los que, con poder espurio, abusan
de él, en un tiempo en que hasta los fiscales, sus previstos gestores, dudan de
la dañina reforma judicial que nos anuncian, y así no tener que odiarme cada
mañana.
Paradigma, no el
más grave, pero sí -creo- el de mayor incidencia social aquí ahora es cómo
desde -en el peor sentido- la política, abusan de la “ley mordaza” al unir la justicia y el bichito que dicen pandemia,
para así -con el apoyo de los más canallas de los canallas medios de (in)comunicación-
aterrorizarnos, inmovilizarnos,…, conseguir que gentes frágiles, -no sé si-
hechas y derechas, vacunadas hasta las cachas, con mil pruebas médicas, pero obesas,
achacosas e insanas, no se quiten la mascarilla ni para ir al WC y, lo más alarmante,
miren con gesto torvo a los que, conscientes -no somos idiotas- de que
convivimos, además de con infartos, neumonías, diversos tumores, colesterol, humos,
accidentes mortales, injusticias, desigualdad social, calentamiento global,…,
con el muy útil bichito, actuando con la lógica de lo que sabemos, no nos hemos
vacunado, ni hecho una prueba, ni usado el gel nosequé,… y, en el ejercicio de
una -muy limitada- libertad, queremos respirar solo aire contaminado, sin
salivilla, ni toses, ni estornudos pútridos,…, sin mascarilla.
Escribe un conocedor del derecho, trabajador atípico
de la justicia con la amplitud mental de los “de caminos” algo que hace dudar de si el modo en que los gobiernos
regulan “su útil virus” es
constitucional, pues, dice el conocedor, que “cuando es preciso suspender derechos -como aquí se ha hecho- procede declarar el estado de excepción”,
lo que sería plenamente constitucional pese a que a “las que dicen poder” y a la mercantil venida de la nefasta “Z” les suene, melifluas, al -para ellas ignoto-
franquismo, pese a lo que, contra lo -inconstitucionalmente- hecho, solo “cuando no se requiere tal suspensión, puede
acudirse al estado de alarma” para afectar derechos y, al ignorar los
relamidos -entre otras muchas cosas- que el orden público en el estado de
excepción “no solo tiene carácter
político, sino que puede tenerlo, también, social o económico”, derivado, como
es el caso, de una crisis sanitaria, dejando inerme al Estado ante tal crisis
al “obligarle a actuar fuera del derecho
adoptando en el estado de alarma decisiones que solo el de excepción permitiría”
y poniendo al TC -con sus miembros, salvo excepciones, de nivel muy bajo- en la
difícil tesitura de declarar (in)constitucional lo hecho, por lo que es lógico inferir
que, “al buscar justicia, solo encontremos
juzgados” y se dé lugar a que alguien como Revilla, lenguaraz experto en nada,
nos venda su particular crecepelo, su “bálsamo
de Fierabrás”, imponer de nuevo la mascarilla a todos en todo lugar,…, torpe,
dañina, represiva ocurrencia.
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